Muchas veces me encuentro con que en mi círculo social la gente se sorprende cuando afirmo que cualquier imputado tiene derecho a mentir y no solamente a no declararse culpable. Al público en general le sorprende que la ley ampare el derecho a mentir del imputado en cualquier causa sea criminal, administrativa o de cualquier otra naturaleza en la que se puedan derivar perjuicios para el declarante.

Históricamente el artículo 9.º del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos reconocía ya tanto el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, como a no confesarse culpable. Y estos derechos implícitamente se recogieron en la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal al establecer que el interrogatorio del imputado o del procesado estuvieren exentos del juramento. Con esta dispensa de juramento se evitaban las consecuencias jurídicas que le pudieran acarrear al declarante la falsedad o mentira de sus manifestaciones.

Sin embargo este reconocimiento implícito a mentir se convirtió en explícito cuando se publicó la constitución española y se estableció en el apartado segundo del artículo 24 de la misma el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Éste principio se reafirma también en el apartado tercero del artículo 17 de la constitución cuando manifiesta que ninguna persona puede ser obligado a declarar.

El resultado de toda esta legislación es que una persona que se vea sometida a un procedimiento que puede acarrearle cualquier tipo de perjuicio tiene el derecho no sólo a no declararse culpable y a la presunción de inocencia sino también al derecho a mentir.

Por este motivo solemos leer muchas veces en las noticias de los periódicos que un juez ha citado a una persona como imputado en vez de como testigo para darle mayor garantía procesal. Como testigo está obligado a declarar la verdad y si no lo hace así se derivaran consecuencias perjudiciales para el. Pero si comparece como imputado y falta a la verdad no tendrá ninguna responsabilidad por mentir.

En algunas ocasiones hemos visto cómo una persona que inicialmente es citada como testigo en un procedimiento penal y que en calidad de tal está obligada a declarar la verdad, pasa luego a ser imputada en la misma causa. Pues bien esta circunstancia puede ser causa de nulidad de las actuaciones llevadas a cabo contra él y en ningún caso lo declarado como testigo podrá perjudicarle como imputado.

Hemos asistido a casos en los que incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha exonerado a guardias civiles que había faltado a la verdad dentro un expediente sancionador instruido contra los mismos. Así en una de las sentencias que hemos tenido ocasión de leer se dice textualmente lo siguiente

“que en el supuesto muy probable de que un Guardia Civil terminara sometido a expediente sancionador cuando fue interrogado en el curso de una información reservada en la que el conjunto de las preguntas formuladas estaba dirigido a obtener contestaciones que podían incriminarle, puede el militar imputado o que razonablemente va a serlo, a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, ya que en dicho supuesto una condición se añade a la de militar: la de imputado actual o futuro, y es que en dicho caso lo que se pide al interrogado ya no es información sobre un asunto del servicio, sino datos por los que puede ser incriminado, «de ahí que la Sala declare que el recurrente tenía derecho a no declarar contra sí mismo y a no declarase culpable; derecho, cuya causa directa se encuentra en la Constitución, que, en esa confrontación con el deber militar de no ocultar nada que subyace en el planteamiento del Fiscal Togado (entiende que el recurrente tenía derecho sólo a guardar silencio, no a mentir) debe ser mantenido sin restricción alguna, con todo su contenido, esto es, con la posibilidad de callar o incluso de mentir.

Quizás ahora se comprenda mejor la actitud adoptada por algunos de los imputados en las causas criminales más famosas del momento tales como la del asesinato de Marta del Castillo. En este caso los imputados están mintiendo descaradamente para favorecerse de la protección legal otorgada por la Constitución. Y por más que nos duela y por más que busquemos debajo de todos los fondos legales no hay forma humana, con la actual legislación, de obligar a nadie a declarar y a decir, por ejemplo, donde se encuentra el cuerpo de Marta. En este caso concreto además, la no aparición del cuerpo favorece igualmente a sus asesinos ya que quedarían por probar algunos de los delitos de los que se les acusa y que únicamente quedarían acreditados con la aparición del cuerpo y el estudio forense del mismo.

Si hoy por hoy no se puede obligar a nadie a decir la verdad si se podrían estudiar fórmulas indirectas para hacerles responsables de las mentiras que cuentan para salvar su responsabilidad. En el caso de Marta que estamos comentando bien se les podría reclamar las indemnizaciones correspondientes a los gastos incurridos por las fuerzas de seguridad en la búsqueda del cuerpo siguiendo las pistas falsas dadas por los imputados. De todas formas nos encontramos ante un caso claro de fronteras del derecho.