Estas jornadas son de indignación en toda España, de asco, rabia y de impotencia. Se maldice a la Justicia, a sus Jueces y Tribunales. Incluso a la Policía y Guardia Civil. Unos niñatos se han reído de este país. “No hay justicia”, “justicia bananera”, “vergüenza de país”… Ésas son las expresiones más usadas y unas de las más suaves.

 

De todos los acusados por la muerte de la joven Marta del Castillo, sólo uno ha sido condenado, y a sólo 20 años!! Y la decisión nos repugna. ¿Pero por qué ha pasado todo esto? ¿Cómo ha llegado el Tribunal ha tomar esta decisión? Mucha gente hablará del caso durante días pero sólo los juristas y sólo algunos nos hemos tragado las 141 páginas de fundamentación de la Audiencia Provincial de Sevilla. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en reunión extraordinaria ha tenido que expresar su apoyo al órgano judicial pedir respeto a la Justicia debido a palabras como las anteriormente mencionadas.

 

A través de este artículo intentaré abordar los implicados, las claves, la fundamentación jurídica y sobre todo las pruebas de este triste caso. O mejor dicho, la ausencia de pruebas.

 

Acudiendo a la Sentencia 1/2012 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla es muy sencillo, la clave de todo ello está en las pruebas de este triste caso. O mejor dicho, la ausencia de pruebas. No hay pruebas suficientes y que el inciso final del artículo 24.2 de la Constitución declara que todos tienen derecho a la presunción de inocencia, de conformidad con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos , con el 6.2 del Convenio de Roma y con el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. Por primera vez en nuestra Historia en 1978 la presunción de inocencia es un derecho de rango constitucional. Este derecho significa que una persona sólo puede ser condenada con una mínima actividad probatoria (STC 31/81). Ello implica que no puede imputarse al acusado «la carga de probar su inocencia, pues, en efecto, ésta es la que inicialmente se presume como cierta hasta que se demuestre lo contrario» (STC 124/83, fundamento jurídico 1), de donde se infiere que la «actividad probatoria» corresponde a los acusadores y que toda acusación debe ir acompañada de probanzas de los hechos en que consiste». «Para condenar hace falta la certeza de la culpabilidad obtenida de la valoración de la prueba» (STC 55/82, fundamento jurídico 2). Como es la inocencia la que «se presume cierta», si el juez no tiene «certeza de la autoría» debe absolver, porque sólo la certeza desvirtúa la presunción de inocencia. Sólo desde el convencimiento firme se puede condenar, no desde la duda. Una presunción de inocencia que es verdaderamente el fundamento del proceso penal en cualquier Estado de Derecho moderno.

 

Así, esta Sección Séptima ha de defender ese principio de presunción de inocencia encomendado a los Jueces y Tribunales, a través de la casuística jurisprudencial del Tribunal Supremo de Sentencia de 22 abril de 1999 que dice: “cuando se trata de este tipo de denuncias por abusos sexuales de menores, existe lamentablemente una acusada presión social, derivada de la natural repugnancia que provoca la naturaleza de los hechos objeto de acusación, que invierte el principio constitucional y convierte al acusado en culpable en tanto no acredite suficientemente lo contrario. Pero, precisamente por ello, es en este tipo de acusaciones donde el derecho constitucional a un juicio con todas las garantías, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la interdicción de la indefensión adquieren su máxima virtualidad, y cuando los Tribunales de Justicia, que no deben ser influidos por las presiones mediáticas o sociales, están obligados a tutelar de manera más efectiva los derechos fundamentales del acusado. De cualquier acusado, con independencia de la naturaleza del delito objeto de acusación”.

 

Y de la sentencia se desprende como hechos probados que “en el trascurso de esa discusión verbal y estando de pié frente a frente D. Miguel cogió de repente un cenicero de una mesa, situada a su izquierda, y con un movimiento rápido y brusco con gran fuerza golpeó en la sien izquierda de Dª Marta del Castillo, quién cayó al suelo, boca arriba con la cabeza y cara ensangrentadas, debajo de la mesa el ordenador falleciendo de inmediato. En ese momento se presentó en la vivienda ya citada, D. Francisco Javier García Marín. Tras hablar y discutir durante un rato qué hacer ante esta situación, D. Miguel y D. Francisco Javier García decidieron hacer desaparecer el cadáver de Dª Marta, así como todos sus efectos personales.Entre los dos y con ayuda de al menos de un tercero desconocido colocaron el cuerpo inerme de Dª Marta del Castillo en una silla de ruedas, que usaba la madre fallecida de D. Miguel, y de esa manera lo sacaron de la vivienda haciendo desaparecer el cadáver en lugar que se desconoce”.

 

Así pues, como alega el Tribunal y por misión encomendada por un Estado de Derecho que se precie, “la destrucción de la presunción de inocencia del acusado solamente podrá ser declarada a través de un juicio lógico e intelectual, que no emocional; a través de un análisis racional de las pruebas contrastándolas en su conjunto, sin una opinión preconcebida que pueda llevar a análisis sesgados o parciales de las practicadas en un intento de hacer encajar el conjunto en aquélla, esto es, en un prejuicio. Esto último podría comprenderse, que no justificarse, en una parte del proceso, pero nunca en un tribunal, so pena de poder incurrir en el delito más odioso que un juez puede cometer, la prevaricación”. Incluso el Tribunal defiende la autorización de la difusión pública del juicio a pesar que el principio de publicidad está destinado a los ciudadanos y no a los medios de comunicación, para que la ciudadanía viera las pruebas practicadas.

 

Pruebas materiales

 

A lo largo del proceso, D. Miguel Carcaño de forma reiterada se ha negado a decir qué destino ha dado al cuerpo de Dª Marta del Castillo llegando a ofrecer varias versiones, es decir, en primer lugar que tiraron el cadáver de la menor al río, en segundo lugar que lo tiraron al interior de un contenedor de basuras, cercano a la calle León XIII y, en tercer lugar, que ayudó a introducir el cadáver en un coche desconociendo que se hizo con el mismo”.

 

Según el Tribunal enjuiciador, “todas las pruebas pivotan sobre la declaración del acusado D. Miguel Carcaño Delgado, que se ha confesado autor de la muerte de la menor Dª Marta del Castillo, pero dando seis versiones sobre los hechos, donde lo único cierto es la desaparición de Dª Marta del Castillo

 

Las únicas pruebas objetivas de las que dispone, las pruebas periciales respecto a los restos de ADN, hallados en el cuarto o dormitorio de este acusado en el calle León XIII, y la situación de los móviles de este acusado y otras personas, sobre todo de los demás acusados”.

 

Los imputados

 

Francisco Javier “El Cuco”

 

D. Francisco Javier García Marín, imputado por asesinato y violación, ha sido juzgado por un Juzgado de Menores al ser menor de 18 años. Fue absuelto en Primera Instancia, al determinar que no había pruebas que lo incriminaran, la Audiencia está revisando su sentencia absolutoria.

 

La Audiencia considera que “comprobadas las llamadas y mensajes de móviles de D. Francisco Javier García Marín, D. Samuel Benítez y D. Miguel Carcaño, se acredita que tan solo consta desde el móvil del primero el envío de un SMS al móvil de Dª Marta del Castillo a las 21’12 horas …”

 

Samuel Benítez Pérez

 

Al que se le acusa de encubridor. Entre las pruebas principales, el examen de su teléfono móvil, “examinadas las llamadas recibidas y enviadas, incluso perdidas del móvil de D. Samuel, no se detecta llamada alguna a esa hora, a no ser la recibida a las 21’24 horas desde una cabina telefónica de la calle Carretera de Carmona, situada a más de un kilómetro de la Calle León XIII, y que efectuó D. Francisco Javier García Marín, como veremos, por lo que se descarta de estos datos que D. Miguel llamara a D. Samuel sobre las 21 o 21`30 horas, como mantiene en algunas de las versiones en las que asevera que D. Samuel participó en las labores de desaparición del cadáver de Dª Marta del Castillo”.

 

En cuanto a los restos biológicos, que ninguno de estos restos biológicos correspondía al acusado D. Samuel Benítez, ni en el interior del domicilio, ni en el Volkswagen Polo de la madre de “Cuco”, que en algunas de las versiones de incriminación del Sr. Carcaño se dice utilizado para transportar el cuerpo de Dª Marta del Castillo.

 

En cuanto a las versiones autoinculpatorias de Samuel, el Tribunal considera “que se efectuaron en la Policía sin que fueran ratificadas en el Juzgado; al contrario, fueron desmentidas de plano en sede judicial. Además, “en ambas versiones sitúo el cadáver de Dª Marta del Castillo en el salón de la casa, no en el dormitorio de D. Miguel Carcaño.

 

Respecto a su localización, “durante toda la tarde del día 24 y primeras horas de la madrugada del día 25 todas y cada una de las llamadas de ese móvil situaban a D. Samuel Benítez en Montequinto, como aseveran todos y cada uno de los testigos que dicen haber estado con él en esa franja horaria”.

 

Así, pues las únicas pruebas que hay contra él son las declaraciones de D. Miguel Carcaño, y de “El Cuco”. Las de Miguel Carcaño, ofrecen varias versiones de los hechos, en algunas incrimina a D. Samuel, en otras no; incluso en las versiones que incrimina a D. Samuel, ofrece variantes. Las de “El Cuco” no fueron ratificadas tampoco en sede judicial.

 

Con lo que concluye la Sección “no se puede predicar que D. Samuel estuviera en la Calle León XIII en la tarde noche del día 24 ni en las primeras horas de la madrugada del día 25”.

 

Francisco Javier Delgado

 

Hermanastro mayor de Miguel Carcaño, imputado por encubrimiento. Desde el primer momento negó su participación en los hechos y así lo cree el Tribunal. “La localización de sus llamadas, recibidas y enviadas, de su móvil avalan el lugar en que se hallaba en todo momento, conforme a su monolítica versión”, que no ha cambiado en ningún momento.

 

Su acusación más importante fue la declaración del taxista, “que si bien fue bienintencionada, se produjo 2 años y 10 meses después de los hechos”. Una declaración basada en el reconocimiento de la voz de Francisco Javier Delgado, a pesar de reconocer que apenas cruzaron palabras y una voz que, según el Tribunal, no tiene un timbre característico o peculiar de no olvidarla en tanto tiempo. El taxista en el juicio oral manifestó que no había lugar a dudas, si bien su esposa manifestó que su marido “le relató las dudas que tenía”.

 

La caja del bar, junto a las demás pruebas citadas, acreditan la permanencia del SR. Delgado en el Bar reiterado al menos desde las 00’00 hasta las 03’10 horas.

 

A mayor abundamiento, en una conversación telefónica pinchada, “comentó a su interlocutor que su novia durmió esa noche en su casa, llegando a la misma sobre las 00’15 horas y que menos mal que ya había pasado todo”. “Las conversaciones intervenidas con su hermano Carcaño no se denota que vayan encaminadas a aconsejarle que mienta a la Policía; Y en la mantenida el día anterior, Delgado intenta tranquilizarlo diciéndole que al final saldrá la verdad y la verdad es que el no tiene nada que ver en este caso”.

 

Así el Tribunal considera que las pruebas de cargo ofrecidas por las partes no tienen la fuerza necesaria para enervar el derecho de presunción de inocencia del acusado. Tampoco se consideran probadas las amenazas.

 

María García.

 

Novia de Francisco Javier Delgado, e imputada por encubrimiento. Según la sentencia 1/2012 “la conducta de Dª María, facilitando la labor policial corrobora periféricamente la más absoluta ignorancia de esta acusada sobre los hechos enjuiciados”.

 

Tanto, a Samuel, Francisco Javier, María y Miguel Carcaño se les acusa de delitos contra la integridad moral y profanación de cadáveres de los que quedan absueltos.

 

Respecto a la integridad moral, se resuelve con un fundamento muy interesante jurídicamente, si bien la desaparición del cadáver no constituye tipo penal de delito contra la integridad moral, sí considera el Tribunal que podría ser un delito de lesiones psíquicas. Pero no se le ha acusado de eso. “Es indudable que la desaparición del cadáver de la menor ha supuesto una mayor dolor para su familia, en especial para padres y hermanos, pero el hecho de que D. Miguel no haya dicho donde se encuentra el cadáver no supone que haya tenido la intención de vejar, envilecer y humillar a los familiares directos de la menor, ya que lo que pretendía con esta vil acción era intentar evitar ser descubierto en un principio y posteriormente intentar ocultar pruebas sobre los hechos que se le imputaban. Es decir, entendemos que con esa acción no se ha vulnerado el bien jurídico protegido por este tipo penal, sin perjuicio de que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito autónomo de lesión síquica, por el que no viene acusado D. Miguel, sin que sean homogéneos el delito contra la integridad moral y el delito de lesiones síquicas, ya que el primero protege la dignidad humana, evitando que se cosifique a las víctimas y el segundo la salud mental de las mismas.

 

En la profanación de cadáveres, no se ha encontrado “un dolo directo o intención de faltar el respeto debido a la memoria de los muertos”, sino una “intención hacer desaparecer pruebas que le pudieran inculparle”, ni se sabe si se ha profanado o no al no encontrar el cuerpo de Marta del Castillo,

 

¿Y Miguel Carcaño?

 

Principal imputado y sospechoso. Ex pareja de Marta y acusado de su violación y muerte. La sentencia le absuelve de dos delitos de agresión sexual, de los delitos contra la integridad moral y profanación de cadáveres por los que venía acusado. Y le condena por asesinato, así como a inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, y la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Dª Marta del Castillo por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo.

 

A pesar de la condena, las pruebas existentes son:

 

  • Restos biológicos en el lugar del crimen. Pero estos restos, no corroboran una posible agresión sexual. Y en la sábana o colcha mencionada en las declaraciones no han aparecido los restos de agresión sexual. Y en silla ruedas para sacar el cadáver de Dª Marta del Castillo sólo hay restos biológicos mezclados en la empuñadura derecha de la mencionada silla de Dª Marta del Castillo y D. Miguel Carcaño. No, de cualquier otro acusado.

  • El móvil de D. Miguel estuvo inactivo, es decir no recibió ni efectuó llamadas desde 01’37 a 4’22 del 25 de enero de 2009, hora en la que le llamó D. Francisco Javier Delgado.

  • En sus declaraciones autoinculpatorias como autor de la muerte de Marta del Castillo, ha dado dos versiones totalmente distintas.

    En una de ellas dijo que le golpeó con un cenicero de cristal grueso. En la segunda versión, que a su vez tiene dos vertientes, la muerte violenta de Dª Marta del Castillo lo es por estrangulamiento con una alargadera.

    Si bien, la versión del cenicero viene avalada por el hecho de encontrar en el interior del chaquetón que vestía esa noche D. Miguel con sangre de la menor. Una cargadera encontrada, no parece la usada. Pero el cenicero usado tampoco no ha aparecido, Miguel ha declarado que lo tiró al río junto al cadáver de Dª Marta del Castillo

  • La carta de suicidio. Además, Miguel Carcaño, en su intento de suicidio, escribió una carta en la que decía que la versión ofrecida el día 17 de marzo de 2009, es decir en la que mantuvo que tanto él como “Cuco” agredieron sexualmente a la menor. El Tribunal considera que este intento de suicidio, fruto de la declaración de un preso de confianza en la prisión donde se hallaba recluido Miguel, más que un intento fue una mera simulación. De los hechos probados se deduce que Miguel quiso hacer creer la veracidad de esa carta, pero en la medición de la cuerda enrollada para el ahorcamiento se demuestra que los pies le llegaban al suelo.

 

Conclusión

 

Lamentable y tristemente, estos son los hechos que dan lugar a esta frustrante pero impecable sentencia. La familia ha anunciado que la recurrirá, algo comprensible, pero poco más se puede hacer con tan poca prueba, y la pena impuesta de 20 años de prisión es la máxima prevista en el Código Penal para el asesinato. Quizás han existido errores en la investigación por la Policía y la Guardia Civil, puede que el Fiscal no haya acertado en alguna de sus acusaciones, quizás ha fallado la admisión de las pruebas por el Juez Instructor o en su apreciación la Audiencia de Sevilla, posiblemente las mentes de estos enfermos psicópatas son un raro espécimen, o ha fallado la educación que damos a nuestros hijos en una sociedad violenta y sin sentimientos. Lo más probable es que en este caso se ha conjugado todo ello, todo ha fallado, y puede tratarse de esos pocos crímenes sin resolver. Pero ante todo es necesario realizar entre todos (Jueces, Abogados, Consejo General del Poder Judicial, Políticos, etc.) una labor de pedagogía sobre cuáles son los derechos fundamentales y libertades públicas existentes de los ciudadanos y los principios sobre los cuales los cuales ha girar el proceso penal en cualquier Estado democrático y de Derecho moderno. Y hemos defender con responsabilidad y firmeza que entre ellos ha de existir la presunción de inocencia, la certeza de la autoría por medio de pruebas, la prohibición de la torturas policiales, o todos los inconvenientes que plantea la pena de muerte o la cadena perpetua. Son cuestiones que si bien parecen superadas desde hace largo tiempo, cada día parecen más revisables en nuestra sociedad actual. Y es que a pesar de lo lamentable y triste de este caso, de lo condenable, aberrante o estremecedor del caso, ninguna de esas posturas puede tener encaje en nuestro sistema constitucional actual.