En la reunión celebrada el día 14 se presentó una Propuesta de Reforma elaborada por juristas, a iniciativa de la asociación "Víctimas y Justicia" y la plataforma de "Juristas por las Víctimas”.

Se pedía, que cumpliendo el programa electoral, la prisión permanente revisable fuera aplicada a los delitos más graves que pudieran cometerse en una sociedad civilizada. En dos únicos supuestos (además del terrorismo): asesinatos de niños menores de 10 años y asesinatos de menores de edad con intencionalidad sexual. Sin embargo ha trascendido, quizás porque intencionadamente así ha querido deslizarse ante la opinión pública, que no se aplicará prisión permanente revisable en caso de violación ¿Y quién lo había pedido? Ni en la reunión ni en la propuesta presentada figuraba que a este delito le pudiera corresponder prisión permanente revisable.

 

Se aprovechó la ocasión para presentar la principal medida anunciada: la "custodia de seguridad". A falta de mayor concreción (por estar en fase de desarrollo) creemos que la denominada "custodia de seguridad", supone un avance positivo y significativo en el sistema penal español. Hasta la fecha sólo contábamos con la libertad vigilada para delitos de violación y terrorismo, pero inexplicablemente no se había previsto la posibilidad de imponerla en otros delitos de especial gravedad, como asesinatos o en delitos graves cometidos por psicópatas.

 

Sin embargo, dicha custodia sólo tendría un efecto positivo si viniera unida y acompañada del cumplimiento íntegro de la condena o al menos si se corrigiera el vigente límite. Consideramos que la "custodia de seguridad" tal como ha sido planteada y siempre que sea una medida complementaria al cumplimiento íntegro de la condena, puede considerarse beneficiosa y necesaria para garantizar el cumplimiento de las penas y la reinserción del reo. Las medidas complementarias postpenales como la "custodia de seguridad" cuando hay un pronóstico de peligrosidad, garantizan un tránsito a la vida en libertad, que equilibra la protección y seguridad de la sociedad, con la exigencia de velar por la reinserción del reo. Y en este sentido cuenta con nuestro apoyo. El grado de control o de custodia que supondría esta medida está por determinar, si bien parece estar enfocado a un cumplimiento en prisión en régimen de semilibertad (similar o cercano al tercer grado), medida que está implantada en el resto de Europa y confirmada y avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

 

Es difícil posicionarse entre la renuncia a la pena de prisión permanente revisable con plazos de revisión que no van a ir más allá de los 25 años de prisión, o el cumplimiento de condenas determinadas y tasadas como las actualmente previstas, pero esa disyuntiva sólo existirá: siempre y cuando se exija el cumplimiento íntegro de la condena (o de las 9/10 partes o las 7/8 partes previstas para terroristas) para que pueda accederse a permisos o beneficios penitenciarios.

En el caso de que no se exija este cumplimiento íntegro, y continúe el vigente límite en el que basta cumplir con una cuarta parte o la mitad de la condena para acceder al tercer grado: poder añadir o no (a criterio del Juez) una "custodia de seguridad" a 1/4 parte de la condena es del todo insuficiente. No tendría ninguna virtualidad práctica en la protección de las víctimas, y no respondería a las expectativas, defraudando a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

 

Como dice la lógica matemática: "custodia de seguridad" si y sólo si, viene acompañada del cumplimiento íntegro de condena. O dicho de otra manera, el cumplimiento íntegro de condena sería condición necesaria y suficiente para posicionarnos a favor de la "custodia de seguridad", y renunciar a la prisión permanente revisable.

 

No por ello compartimos la distinción de víctimas en el caso de delitos extremadamente graves contra la vida, que nos iguala a todos. Se trataría a nuestro entender de una decisión política asumible pero equivocada. Consideramos que tanto para asesinos terroristas, como para asesinos de menores o asesinos psicópatas debiera imponerse la máxima respuesta penal. Ningún criminal ni ninguna víctima es mejor que otra. Hay que equiparar el reproche penal de ambos criminales, porque ambos merecen el máximo castigo, y esto nos conviene tenerlo presente y defenderlo a todas las víctimas, a todas sin distinción. Ello no obsta que puedan arbitrarse distintas medidas penitenciarias (para dar respuesta al problema derivado de la pertenencia a grupos criminales organizados y jerarquizados que impiden la reinserción de sus miembros) y que sí tendría, en estos supuestos, su razón de ser.

 

En cuanto al resto de medidas anunciadas por el Ministro de Justicia, son reformas que, si bien consideramos positivas y necesarias (como la supresión del delito continuado en aquellos contra la libertad sexual), no afrontan por sí solas, y de manera global los problemas que denuncian las víctimas ni las disfunciones de nuestras leyes, tan decantadas a favor del reo y en contra de la víctima.

 

Manifestamos y pedimos en la reunión, que la reforma que se pretende abordar fuera dirigida a proteger al conjunto de la sociedad y a las víctimas, y no a satisfacer a sectores relacionados con la justicia con marcada tendencia política o grupos minoritarios que se empeñan en tildar la participación ciudadana de "populismo punitivo" sólo cuando no responde a sus doctrinas ideológicas. En este aspecto el Ministro de Justicia se comprometió a garantizar tanto la participación de sectores profesionales como de la sociedad civil y asociaciones de víctimas.

Merece la pena destacar el compromiso de aprobar una Ley de víctimas (se refirió el Ministro a una Ley de todas las víctimas, sin distinción) en las que se escuche la voz de las asociaciones.

 

Nos queda la esperanza de que la Propuesta de Reforma que le fue entregada, sea tal y como se comprometió el Ministro de Justicia, estudiada y tenida en cuenta como una aportación ciudadana más, que contribuya a la reforma valientemente puesta en marcha por el actual Gobierno. Confiamos en que movidos por una sincera voluntad de apoyo a las víctimas, el Ministro de Justicia y el Gobierno que goza del respaldo de la inmensa mayoría, tenga en cuenta las demandas de la sociedad civil que pide una mayor protección de las víctimas, y nada más y nada menos que Justicia.