PROYECTO DEL PP

5.2. Justicia ágil y previsible

 

DIAGNÓSTICO

La justicia es un poder del Estado, la garantía última de los derechos y libertades

de los ciudadanos. La congestión de los juzgados y tribunales, la

dilación en los pleitos y los retrasos e incidencias en la ejecución de las

resoluciones judiciales constituyen la manifestación externa de carencias

acumuladas en la justicia española que deben abordarse con determinación.

De la efectiva protección de los derechos e intereses de los ciudadanos depende

la credibilidad del marco institucional, y la realización de la seguridad

jurídica. La justicia es, además, un factor esencial de la competitividad

y, también por eso, su mejora es prioritaria.

La producción legislativa ha perdido calidad, afectando a la seguridad jurídica

y a la propia función del juez. La pluralidad de ordenamientos propia

de la estructura territorial del Estado debe integrarse en un sistema cohesionado

por la Constitución y sus leyes de desarrollo, así como por la doctrina

del Tribunal Supremo como máximo órgano jurisdiccional.

Es necesario mejorar la eficiencia de nuestra organización judicial. La brecha

tecnológica que separa a la administración de justicia de otras grandes

áreas de gestión pública no es aceptable y ofrece grandes oportunidades de

mejora.

La judicialización creciente del ordenamiento sancionatorio y de materias

de orden económico-social ha supuesto una carga adicional a la administración

de justicia en materias en las que su intervención no está siempre

justificada.

 

OBJETIVOS

Modernizaremos la justicia y la adaptaremos a las necesidades sociales, económicas,

tecnológicas y demográficas de la España de siglo XXI. Gestionaremos

de forma eficiente los recursos para que la administración de justicia

sea de verdad un servicio público de calidad.

Garantizaremos la seguridad jurídica a través de un marco normativo estable

y una administración de justicia profesional, especializada y eficaz,

que proporcione cohesión, igualdad y seguridad. El dinamismo de nuestra

sociedad impone una mayor agilidad. Promoveremos el cumplimiento de

los plazos establecidos por las leyes procesales, y propiciaremos el cumplimiento

y puntualidad de los señalamientos.

Mejoraremos la selección, la formación y la carrera de jueces y magistrados,

dotándoles de garantías de objetividad y competencia. Propiciaremos el respeto

a su independencia e imparcialidad. Revisaremos nuestro modelo de

planta y demarcación judicial para conseguir un reparto más equilibrado

de la carga de trabajo. Fortaleceremos el Consejo General del Poder Judicial.

El ministerio fiscal debe establecerse sin reservas como el defensor del interés

público y promotor de la acción de la justicia en un sistema fundado

en el principio de legalidad y abierto a la participación de los ciudadanos.

La nueva oficina judicial incorporará plenamente el componente tecnológico

y asegurará la compatibilidad de los sistemas de gestión procesal. El

objetivo ha de ser la homologación de la administración de justicia con las

áreas de gestión pública de mayor desarrollo en la utilización de tecnologías

de la información y la agilización de los procesos judiciales. Se reducirá el

uso del papel en todas las fases de los procedimientos judiciales.

Haremos un análisis riguroso de aquellas materias que puedan ser excluidas

del conocimiento de los jueces, de los plazos y procedimientos, y de los mecanismos

de ejecución de las resoluciones.

 

MEDIDAS

Buscaremos los acuerdos necesarios para la modernización de la justicia a

través de:

La reforma y simplificación de procedimientos, reforzando el principio

de oralidad y revisando el sistema de recursos, cuantías y costas procesales.

La incorporación de los juicios rápidos al ámbito civil.

La promoción de la informatización plena y la interoperabilidad de los

sistemas actuales de gestión procesal.

El desarrollo de la jurisdicción voluntaria mediante una ley específica.

La desjudicialización de determinadas materias sin menoscabo de las

garantías ni de la eficacia sancionadora.

El fomento de la mediación y el arbitraje.

La extensión de las funciones de los fedatarios públicos en materias que

no requieran intervención judicial.

El fortalecimiento de los títulos ejecutivos.

La mejora de la ejecución de las sentencias.

Promoveremos un cambio de modelo de la oficina judicial, que la haga eficaz,

accesible y transparente para el justiciable, y que asegure la unidad

de gestión en todos los órganos jurisdiccionales. Impulsaremos una agencia

que articule un sistema informático único y permita el conocimiento inmediato

en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros

públicos relacionados con la administración de justicia.

Promoveremos una nueva ley de enjuiciamiento criminal que agilice la instrucción,

aclare la situación procesal de los justiciables e imprima celeridad

a las actuaciones sobre la base de un modelo de instrucción con plazos

tasados.

Aprobaremos un estatuto de la víctima, que contenga la relación de sus

derechos, conocimiento de su situación procesal y acceso a la información,

protección jurídica, y asistencia social y psicológica.

Reformaremos el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la pena

de prisión permanente revisable, la posibilidad de aplicación de medidas de

seguridad postpenales, el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada

una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multirreincidencia.

Promoveremos una reforma del jurado que impulse la confianza de los ciudadanos

y los profesionales en la eficacia de una justicia moderna, que se

inspirará en el modelo mixto o escabinado que responde a la tradición jurídica

continental europea.

Propondremos una nueva ley de responsabilidad del menor y una ley reguladora

de los servicios a la comunidad.

Diseñaremos una nueva regulación de las instituciones de protección y tutela

jurídica a menores y discapacitados.

CARTA ENVIADA A TELE5

Muy Sres. nuestros:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de hacerles reflexionar sobre unos puntos que nos tienen preocupados a la sociedad de hoy en día y ante los cuales cada vez nos vemos más desamparados, y que les relatamos a continuación:

1.- Una de las dudas que nos concierne a todos es en lo referente a la Ley del Menor: ¿Qué les parece dicha Ley en la actualidad? Pensamos que ante el escaso o nulo resultado que está ofreciendo a la sociedad, nos gustaría plantear si se conoce algún proyecto de reforma de la citada Ley a corto plazo, ya que es algo que vemos muy necesario en aras de frenar el creciente clima de inseguridad que la propia Ley genera. Recordemos que recientemente ha creado una gran alarma en nuestra sociedad, con casos muy próximos como es el de Marta del Castillo o el caso “rafita”. Otra cosa que nos inquieta es el referente al cumplimiento de las penas íntegras: ¿No sería justo que, sobre todo en los casos en que la victima sea un menor, se exigiera el cumplimiento íntegro de las penas?

2.- Respecto a todo esto, queremos saber porque somos unos de los países más atrasados en el tema “Justicia”, por qué no se abre un debate serio, público y sincero sobre la conveniencia, incluso, de reformar la Constitución para dar cabida en el Código Penal a la implantación de la cadena perpetua, para según qué delitos. Es algo que está en la calle, sobre todo en casos como éstos, y no entendemos por qué los políticos, los legisladores, nos dan la razón con la boca pequeña pero, a la hora de la verdad, NO SE ACOMETE reforma alguna en este sentido. ¿Podrían explicárnoslo, por favor?¿No están viendo que en esta país algo no funciona en ese tema? ¿Que la gente entra y sale de la cárcel “como Pedro por su casa”? Queremos, y así lo exigimos, el endurecimiento de las leyes y de las penas, no podemos seguir así.

3.- Por otro lado, nos gustaría plantearles: ¿Qué opinan ustedes de la reciente polémica televisiva? ¿Ustedes ven normal que el dinero que invierte alguna cadena televisiva vaya destinado a remunerar a la madre de un condenado por el execrable crimen de Marta del Castillo? ¿Acaso no debería estar penado que una cadena televisiva lleve a un programa a la madre de un condenado por encubrimiento de un crimen, estándose aún enjuiciándose al resto de imputados en ese mismo crimen? Creemos desde nuestro punto de vista más humilde y sincero que debería de haber un control más exhaustivo en este aspecto, por eso rogamos un cambio en todo tipo de plataformas audiovisuales para que no puedan lucrarse ni los condenados ni los familiares de éstos, pues pensamos que no es ético, moral ni profesional. Nos hemos hecho oír y no pensamos apagar nuestra voz en este sentido, no queremos que ningún ciudadano más pase por el dolor que está sufriendo la familia de Marta del Castillo, porque no hay derecho, les pedimos con todo el respeto del mundo que mediten sobre este hecho puesto que no nos gustaría que se repitiese este suceso tan deplorable, necesitamos que nos escuchen, somos la voz del pueblo y la voz de pueblo se tiene que oír.

4.- Y para terminar, una reflexión no menos importante: sabido de todos es el creciente poder que tienen los medios en la sociedad actual. Nosotros desde la Plataforma también queremos pedir a los poderes públicos un especial hincapié en el control de la ética profesional. Ello no tiene NADA que ver, como así se ha querido reflejar estos días en algún medio televisivo, que vayamos ni contra la libertad de información ni contra la libertad de expresión, más bien todo lo contrario. Ahora bien, entendemos que no vale ni la información ni la expresión A CUALQUIER PRECIO. Abogamos ante todo por el respeto, la información veraz y objetiva, y el amparo de la dignidad y el honor de las personas. No pretendemos una censura a los medios, pero sí que se articulen mecanismos de defensa, bien de autocontrol, bien de la creación de figuras destinadas a la protección de toda aquella persona que vea lesionada su integridad moral frente a ellos. Pretendemos pues, que se creen medidas efectivas para evitar, por ejemplo, que las plataformas audiovisuales, sea T.V. o cualquier otro medio, puedan lucrarse a costa de publicar contenidos, reportajes o entrevistas en los que se vea lesionado el honor o la integridad de terceras personas, y que no vuelvan a repetirse hechos tan lamentables como el acontecido en días pasados con la penosa entrevista a la madre de un condenado por uno de estos crímenes.

Esperando que sean revisados todos los puntos mencionados anteriormente y a la espera de su respuesta les saludamos, atentamente,

PLATAFORMA 29-O

Nos gustaría significar que esta Plataforma 29-O, además de por sus miembros, está avalada y cuenta con el apoyo de numerosos grupos de la red social Facebook, los cuales han intervenido junto con nosotros activamente en la campaña de información a los anunciantes de La Noria.

 

 

Disponemos de la web http://plataforma29octubre.jimbo.com donde podrán seguir todas las actuaciones que realizamos y que seguiremos realizando hasta conseguir nuestro objetivo que no es otro que al pueblo se le escuche y el pueblo pide cambios muy necesarios en el apartado de justicia ante todo, que hoy por hoy es el que más nos preocupa.

LA OCULTACION DE CUERPOS

PENSAMOS QUE LOS CULPABLES DEBEN TAMBIÉN SER CASTIGADOS POR LA OCULTACION DEL CUERPO DE  MARTA DEL CASTILLO

DESDE LA PLATAFORMA29OCTUBRE proponemos que por parte de los poderes públicos se plantee la reforma del Código Penal para que contemple que se pueda calificar como delito el hecho de la ocultación y/o desaparición  del cuerpo de la víctima por parte de sus presuntos criminales, con el objeto de poderles imputar en un posterior juicio la culpabilidad de dicha desaparición como contrapartida al hecho de carecer de pruebas forenses por la ausencia de dicho cuerpo en el juicio que corresponda. Recordamos que en nuestra actual legislación no se contempla como delito el hecho de ocultar o hacer desaparecer el cuerpo de la víctima.
¿Por qué nuestro Código Penal, al contrario que en el resto de países democráticos, no pena la ocultación o la destrucción de cadáver?
Italia, por ejemplo, pena la ocultación y la destrucción de cadáver con 7 años de prisión.
Ha terminado hace unos días el juicio por la desaparición y presunta muerte de Marta del Castillo Casanueva. Y decimos, desde esta Plataforma29octubre, presunta muerte porque, como todos sabemos, aunque el principal procesado Miguel Carcaño ha confesado la autoría del crimen, aún a estas horas no ha aparecido el cuerpo de nuestra querida Marta. Este hecho, además del tremendo impacto y secuelas psicológicas que tiene para la familia, lleva implícitas una serie de consecuencias jurídicas importantes, que los miembros de esta Plataforma no tenemos más remedio que calibrar. La primera de ella indudablemente, la calificación jurídica del delito, a la hora de que el Tribunal emita la sentencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por los padres, califican el crimen como asesinato y violación, en base a una confesión anterior del propio Carcaño. La defensa, por el contrario, sólo reconoce un delito de homicidio imprudente, según lo manifestado por el propio Carcaño en el juicio. Si se hubiera hallado el cuerpo, posiblemente mediante los diversos análisis forenses del mismo sería muy posible que se pudieran esclarecer y determinar jurídicamente estos extremos. Pero ni el cuerpo se ha hallado ni los presuntos culpables han confesado la ubicación del mismo. Esto nos lleva a pensar que estos procesados, además de perpetrar el horrible crimen de Marta, están cometiendo un hecho igualmente despreciable: no confesar su paradero por el hecho de aprovecharse jurídicamente de las consecuencias, muy favorables para ellos, que supone el no poder encontrar el cuerpo.
La legislación española no contempla como delito, en su Código Penal, esta llamémosle “ocultación” del paradero del cuerpo de una persona. Desde esta Plataforma29octubre hemos procurado recaudar toda la información al respecto, llegando a la conclusión de que tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por la propia Carta de las Naciones Unidas, hay publicada mucha norma al respecto, y hemos llegado a la conclusión de que la desaparición de personas, como en este caso concreto se trata, de la desaparición de Marta del Castillo, es una práctica totalmente condenada por estos organismos internacionales, y aunque no esté particularmente legislada en nuestro sistema jurídico, hay que recordar que:  Los Artículos de la Carta tienen el valor de legislación internacional positiva ya que la Carta es un tratado y por lo tanto un documento vinculante. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin. Sin embargo, la Carta no fija unos determinados derechos ni tampoco maneras de aplicarlos en los Estados Miembros.

La pregunta es: ¿Marta del Castillo Casanueva es una persona desaparecida forzadamente?. Esta Plataforma entiende que si, y como tal habría que aplicarles a los culpables de su desaparición toda la normativa vigente, subsidiariamente a la condena que pueda imputarles el Tribunal por el juicio que acaba de terminar. Es decir, la condena que se les imponga en este juicio y ADEMAS, su responsabilidad por la desaparición de Marta. Solo asi se podría compensar el hecho de verse favorecidos en el juicio por no haber confesado el paradero del cuerpo, con su responsabilidad por haberlo hecho desaparecer.

CUMPLIMIENTO INTEGRO DE PENAS

Es bueno que un Estado de Derecho garantice las libertades de los ciudadanos y les ofrezca garantías. Es bueno que la presunción de inocencia sea la que prime,  y que la privación de libertad tenga como fin la reinserción social de los que, en su día, delinquieron.

Pero, ¿y las víctimas? ¿no son las víctimas ciudadanas de pleno derecho de este Estado?. ¿Por qué la ley protege la imagen de los menores que cometieron actos delictivos hasta el punto de que los medios de comunicación no pueden publicarlas y sí permite que se publiquen las imágenes de las víctimas? ¿Por qué la ley es tan tibia con las condenas y el cumplimiento de las penas íntegras de los que asesinaron impunemente? ¿Por qué el sistema permite salir a aquellos que no se han rehabilitado y que son potenciales reincidentes de delitos tan graves como es el de quitar la vida a una persona?
 
Todos podemos hacer más o menos demagogia pero no quiero ponerme en el lugar de los padres que han perdido a sus hij@s a manos de esos malnacidos. Ellos sí que cumplen íntegramente la pena de haber perdido a sus hijos para siempre. Esa sí es una condena a cadena perpetua.  

TODOS POR EL CUMPLIMIENTO INTEGRO DE LAS PENAS Y LA REDUCCION DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA LOS CONDENADOS POR ASESINATO Y/O VIOLACION DE MENORES.